La denuncia de "un particular"

La respuesta no se ha hecho esperar. A las pocas horas de anunciarse la existencia de una denuncia por la situación de RTVV S.A.U. en la que a los trabajadores no se les está dejando trabajar, en contra de cualquier norma y por supuesto, siempre a mi modo de ver (que no necesariamente ha de ser acertado), el señor Ciscar ha denostado la denuncia argumentando que el Ejecutivo valora con la «máxima tranquilidad» la denuncia que un particular ha presentado contra el presidente Fabra, por malversación de caudales públicos ante la situación producida en RTVV.

Las opiniones son eso, opiniones, otra cosa es lo que un determinado Juez o la propia Fiscalía considere. Eso no son opiniones, son el resultado de su trabajo encaminado a la aplicación de la justicia.

Por ello yo, como denunciante, me he limitado a exponer los hechos. No he hecho ninguna valoración sobre la situación y no hubiese cuestionado en absoluto, de producirse, la no admisión de la denuncia.

El valor de mi acción no es el de haber dedicado horas y horas a la elaboración, porque, he tenido que ser yo sólo, sin ayuda de ningún tipo el que ha formulado y presentado la denuncia. 

Una denuncia que no obedece, aunque méritos haya realizado el señor Fabra, a ningún tipo de venganza, represalia o animadversión sino al hecho real de considerar injusta una situación. Esa es mi denuncia.

No puedo, y nadie debería hacerlo, cuestionar, donde pueden llegar las actuaciones judiciales porque eso es cuestionar, y Fabra (aquí lo de señor sobra) lo ha venido haciendo hasta el extremo de no cumplir con las sentencias emitidas por los tribunales, la capacidad de independencia de los Jueces y Fiscales.

Sigo creyendo en la independencia judicial y en la valía de esas personas que día a día se ven obligados a aplicar las normas a favor o en contra de los ciudadanos. Cuando la clase política adopta las resoluciones por propio interés, cuando cuestionan las actuaciones de una ciudadanía oprimida por sus abusos, cuando llegan a pensar que hemos vuelto a la edad media donde los señores feudales tienen todos los derechos... solo nos queda confiar en que algún “particular” o desconocido, se atreva a cuestionar esos comportamientos y confíe en una sociedad democrática en la que al menos uno de los pilares (el poder judicial) sea capaz de comportarse según criterios objetivos.

Los privilegiados de RTVV

Mas de uno se regodea al afirmar que en RTVV se encuentran todos los empleados (cuando no son todos) cobrando y sin trabajar.

Esta es una situación que nadie puede entender. Y al decir nadie me refiero a los que la sufren y a los que la contemplan.

La administración del señor Fabra, a la que ahora parece que sí pertenece RTVV (cuando hace apenas unos meses se desligaban de las implicaciones judiciales del ERE absurdo, planificado y ejecutado por su Partido), ha decidido “conceder magnánimamente" permisos retribuidos a todos esos trabajadores a los que impide su acceso al puesto de trabajo.

Pues bien, señor (que no honorable) Fabra, pareciere que entre los múltiples asesores de que usted dispone a costa de nuestros impuestos y nuestros derechos como valencianos no tiene ninguno que sea mínimamente capaz de aplicar las leyes laborales.

Posiblemente porque estas no tienen carácter autonómico y sean difíciles de integrar en su jerga legal de intereses corruptos y por ende de aplicar en este, su feudo.

Señor Fabra, los permisos retribuidos según la legislación laboral tienen siempre, y digo bien, siempre, un carácter causal. Ha de haber un hecho que los justifique y ese hecho la ley lo pone en las situaciones particulares de los trabajadores, no del empresario.

Si como usted ha argumentado la causa es la falta de trabajo, como consecuencia de una decisión empresarial, esa situación recibe otro nombre: suspensión temporal de empleo y sueldo. Y otras consecuencias: no ser un lastre para que no pueda usted justificar el cierre de RTVV.

Usted no está cumpliendo la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia impuso a RTVV. Ha situado a sus trabajadores en una situación de ilegalidad que ademas supone un coste innecesario para el conjunto de valencianos (palabras, estas últimas, suyas).

Ante esta situación lo único que está preparando es la declaración de ilegalidad de todo el proceso que usted ha iniciado. Veremos a ver que le aconsejan sus asesores en ese momento.

Sirva de advertencia, que no de amenaza, el hecho de que han de cumplirse todas las leyes, no sólo las que usted dicta para bien de sus allegados de partido y amigos, sino las que en otros ámbitos han venido conformando  este Estado de Derecho que usted pretende eliminar.